¿Ricky Rosselló 2024? - Parte III
Algunos dilemas de las Protestas: El problema del sujeto político
Mencionaremos dos dilemas que afrontan las actuales y futuras protestas. Por supuesto, no es motivo de este escrito abordarlas profunda y sistemáticamente en virtud de que, por cada una, se requiere un solo artículo. Sin embargo, su señalamiento es de capital importancia a los fines de ampliar las discusiones sobre los procesos y acciones para la de(s)colonización, soberanización, desracialización, despatriarcalización y democratización del Pueblo de Boriké/ Puerto Rico.
Primer Dilema: ¿A quién representa el Gobierno del Estado Libre Asociado?
¿A quién representa ese gobierno del Estado Libre Asociado (ELA): a lxs puertorriqueño, al gobierno de USA o al capital estadounidenses? Contextualizando esta pregunta a la actual situación, ¿contra quién se protestaba cuando se solicitaba la renuncia al Dr. Rosselló, a saber: contra nosotros mismos (vía la clase política electa), contra el gobierno federal o contra el cspital estadounidenses o a los tres a la vez? Dos respuestas inmediatas (para luego explicarlas):
estructuralmente hablando, o las protestas enmarcadas dentro de las instituciones coloniales (lo que significa que la energía de las mismas se redirige a la alimentación de estas instituciones), fueron contra nosotrxs mismxs en virtud de que su enfoque principal fue contra el representante “puertorriqueño”, elegido por la población, quien apenas tenía responsabilidad ante un sistema social profundamente injusto y excluyente;
coyunturalmente hablando, o en la inmediatez (que es donde se ejerce el poder constituyente del pueblo), las protestas fueron contra todo el esquema colonial desarrollado a partir de 1952.
¿Cómo entonces articular unas protestas que coloquen a los intereses de la mayoría de lxs puertorriqueñxs (y no únicamente de la clase media) como lo central sin que nos conduzca a protestar contra nosotros mismos?
El gobierno colonial insular, desde su establecimiento en el 1901, ha tenido que implementar todo lo que decida el gobierno federal sobre PR. Es decir, este gobierno es responsable por aplicar la soberanía política de USA en el territorio. Además, dicho gobierno está sujeto a restricciones de política económica que garantizan el monopolio que tiene el capital estadounidense sobre la economía colonial. PR no puede decidir sobre sus políticas monetarias, comerciales, económicas y, desde la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal Federal (JSFF) en el 2016, tampoco las fiscales y de inversiones públicas. De hecho, el territorio/colonia estadounidense no puede operar sin que este monopolio esté bien aceitado, precisamente, porque está sometido a la dependencia del capital estadounidense.
Empero, a partir de 1952 ese esquema legal/territorial/colonial se constituyó bajo nuevas instituciones estatales cuya legitimidad emanaban de un proceso electoral interno vía el “consentimiento” de lxs puertorriqueñxs. Empero, todas las regulaciones que obligaban a la pasada forma de gobierno a implementar la soberanía de USA y a garantizar el monopolio económico del capital estadounidense se mantuvieron. En un estudio previo realizado por este autor (Toledo, 2011: 39), sobre los cambios que implicó el ELA en el funcionamiento del poder colonial estadounidense en PR, mencionaba:
"[…] si la americanización eran políticas coloniales dirigidas a exterminar a el puertorriqueño, en tanto sujeto cultural, ahora se constituía la tecnoburoqueñización cuyas políticas coloniales son para reproducir “infinitamente” a el puertorriqueño como sujeto perenne de necesidades y ausencias que necesita ser constantemente igualado, liberado y beneficiado. Es decir, un poder colonial buroqueñizado que opera 1) utilizando a puertorriqueños técnicos-profesionales 2) para producir, por ellos mismo, el atraso “objetivo” del desarrollo de PR vía formas específicas de conocimientos (generados en EEUU) 3) con el fin de diseñar estrategias de intervención burocrática para igualar a PR al “desarrollo” de EEUU. Pero en la tecnoburoqueñización, a diferencia de la americanización, no se genera la conflictividad y las resistencias entre “el americano” vs. “el puertorriqueño” [como lo fue durante las políticas de americanización de la primera mitad del siglo pasado], sino entre el puertorriqueño contra lo puertorriqueño. En otras palabras, acaece una conflictividad donde se contraponen la representación de EEUU que tiene sobre PR, o “the people of Porto Rico” [por] sobre el Pueblo de Puerto Rico. Empero, en esta conflictividad “el americano” tiene dos funciones contradictorias pero totalmente complementarias, a saber: 1) como protector de el puertorriqueño contra (el “subdesarrollo”) de lo puertorriqueño y 2) como amenazador NO de lo puertorriqueño, sino de “el (propio) puertorriqueño” por la íntima identificación que tiene este puertorriqueño con su identidad buroqueñizada y diferenciada a la (“desarrollada” o “moderna”) de EEUU (quiero más “desarrollo” pero a medida que lo tengo, implica más presencia de EEUU por lo que “amenaza” lo que soy -The People of Porto Rico-). Por consiguiente, la manifestación de este conflicto, y sus resistencias, no se expresará como uno político, a diferencia del conflicto manifestado en la americanización, sino con crecientes discursos moralistas, técnicos, economicistas, criminalistas y academicistas que demandarán más disciplina, policías, intervenciones federales-estatales, educación técnica-profesional, entre otros, como manifestaciones crecientes del proceso de despolitización por la Máquina Anti-política del Desarrollo del ELA.”
Lo que añadió esta nueva funcionalidad del poder colonial, bajo este nuevo esquema institucional y electoral “puertorriqueño”, y es lo que conocemos como Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), fue un tipo particular de representatividad del puertorriqueño que sería asumido por la mayoría de la población, especialmente sus clases medias. Es decir, la nueva institucionalidad definió unas expectativas y una identidad nacional acorde y en dependencia a las dos previas condiciones establecidas desde 1901. Por cuanto, ¿cómo se representa a los tres intereses y en qué medida lo hacen?
Resumiré brevemente la dinámica de cómo se entrelazan y se legitiman mutuamente estos tres elementos.
Primeramente, la representación que hacen estas instituciones del ELA sobre lo puertorriqueño es como: valiosamente pobre y sin-modernidad o como el “jibaro” o el campesino puertorriqueño (el cantante René Pérez lo llama “hijo del cañaveral”) como humilde y bueno pero pobre y ignorante.¹ La enunciación pobre y sin-modernidad viene no solo de la elite hispanista del s. XIX, también lo enuncia lxs funcionarios estadounidenses. Desde que USA ocupó a PR, a partir de 1898, concibe a lo puertorriqueño como individuos que no tienen derechos por sí mismo y que son inherentemente pobres por su condición racial/cultural.² A partir de esta concepción profundamente racista, USA presume que le extiende a ese puertorriqueño sus derechos y su progreso (a falta de los mismos en él/ella); por tanto, sin USA, PR se sumergiría en el subdesarrollo y la barbarie. Empero, lo que sí fue una novedad (hoy en día puesta en duda por la Ley PROMESA y la imposición de la JSFF) fue que USA reconoció el rol de la elite hispanista puertorriqueña como la responsable de llevar el progreso y desarrollo estadounidense. Decimos hispanista porque dicha elite se reafirmó en el legado cultural de España en PR para afirmar, frente a sus correligionarios estadounidenses, sus iguales dotes de civilizado/occidental, tal cual el “americano”, para validar su “legitima” condición de mando sobre la población “menos hispánica” o afrocaribeña.
Antes del ELA (1898-1948/1952), los funcionarios estadounidenses eran los encargados de esta tarea civilizatoria/desarrollista/democratizante y la elite hispanista puertorriqueña asumían un rol muy minoritario. El ELA combinó la concepción que tenía la elite hispanista puertorriqueña y del gobierno estadounidense sobre la condición pobre/bárbara de lo puertorriqueño, a la misma vez, que cada uno reconocía su rol en el nuevo gobierno territorial/colonial. Es decir, USA reconoció el rol que tenía la elite hispanistas de “desarrollar” y “democratizar” a los individuos menos “hispanizados” del territorio; y la elite hispanista reconoció a USA como la fuente principal del “desarrollo” y la “democracia” que carecía el Pueblo de Puerto Rico (PPR). Adviértase que, aunque ambos coinciden en representar al PPR como bárbaro y pobre, el primero lo percibe como “individuos en el territorio” (o como pueblo-territorio³) y el segundo lo concibe como colectividad o pueblo-nación que trasciende el territorio. Por tanto, la concepción de “People of Porto Rico” de USA (consignada en la sección 7 de la Ley Foraker de 1901 y todavía vigente) vis a vis la del “Pueblo de Puerto Rico” son muy diferentes. El primero no reconoce un pueblo-nación y, por tanto, ningún derecho colectivo. El segundo sí lo considera, aunque desde una concepción hispanista/occidentalista. Para la elite hispanista, si bien existe un tipo de soberanía, el único que ejerce la soberanía del PPR es quien mejor representa esa identidad hispanista/ocidentalista (en el otro dilema abordaremos este segundo asunto). En cambio, para USA el único que ejerce la soberanía de PR es él mismo porque “The People of Porto Rico” es una derivación creada por este último gobierno. Su creación emana de la soberanía de USA. Por eso PR no tiene soberanía propia o reconocimiento independiente en tanto colectividad.
Esta semejanza que comparten la elite hispanista y USA respecto a los individuos en PR y sus discrepancias respecto a la condición colectiva de PR será motivo de controversias, no solo entre esta elite y USA (el primero reconcociendo y el último negando al PPR), sino entre la propia clase política cuando pugnan electoralmente sobre quien mejor representa ya sea el progreso y desarrollo estadounidense (cuyo mejor representante en PR es el Partido (anexionista) Nuevo Progresistas) o la identidad puertorriqueña del ELA (cuyos mayores representantes son el Partido ("autonomista") Popular Democrático y la mayoría de los sectores independentistas).
¿Y cómo funciona institucionalmente esta definición del puertorriqueño (y sus "intereses"), las dos condicionalidades coloniales y los roles de USA y la elite hispanista puertorriqueña? La metáfora conocida “lo mejor de los dos mundos” es la combinación del enunciado "puertorriqueño" como bueno/humilde/pobre/bárbaro con el enunciado de "USA" como moderno/progresista/no-puertorriqueño. Tal metáfora se instrumenta a través de una política económica que justifica la entrada del capital estadounidense, vía exenciones generosas de impuestos, en virtud de la condición inherentemente no-moderno y no-desarrollada de lo puertorriqueño. Es el capital estadounidense quien moderniza. Por tanto, se hace imperativo la constante entrada de este capital y la legitimación del marco legal territorial/colonial que garantiza (a ese capital) inversiones seguras. Es decir, la política económica presume la barbarie/pobreza puertorriqueña y, por tanto, la necesidad de la entrada del capital estadounidense y la vigencia del marco legal de USA en PR para modernizar/desarrollar constantemente al pobre y bárbaro puertorriqueño.
Gráfica 1
Gráfica 2
No obstante, a pesar de que la política económica ha sido un fracaso en “igualar” a PR a los niveles de desarrollo de USA, además de que es la principal responsable de excluir del empleo y los ingresos productivos a la mayoría de la población (si se suman los desempleados, la gente fuera de la fuerza laboral y los emigrantes acumulados), ésta no ha cambiado desde 1947 cuando se aprueba la primera ley de incentivos para este capital. Y no ha cambiado porque para la clase política hispanista, el gobierno de USA y el capital estadounidense, el último responsable de la “pobreza” puertorriqueña es precisamente el propio puertorriqueño. Por tanto, se implementa nuevamente la misma política económica fallida y, con ello, se legitiman los roles de la elite política hispanista en administrar la pobreza puertorriqueña e intermediar con el capital estadounidense y del gobierno y el capital estadounidense como proveedor último de progreso en PR. Así se justifica nuevas leyes de incentivos impositivos y nuevas intervenciones burocráticas contra el puertorriqueño puesto que es él quien tiene que modificarse y sacrificarse, no el rol de administrador de pobreza de la clase política isleña, ni el monopolio del capital estadounidense en PR y el colonialismo del Gobierno de USA sobre el archipiélago borincano. La identidad puertorriqueña emanada de ELA se expresa en la infinita necesidad de desarrollo ante su inherente pobreza y barbarie y su deseo de ser rescatada por el gobierno de USA. No es extraño, entonces, porque un 69% de la población apoyó en un inicio a la JSFF. De ahí es que se combina los "intereses" puertorriqueños, del gobierno federal y del capital estadounidense. Por supuesto, con la aprobación de la JSFF ese esquema institucional (del liberalismo estadounidense de 1945) quedó roto en virtud de que USA retoma viejos poderes y margina a la clase política local a meramente ser ejecutantes de sus decisiones fiscales. Las desconfianza que la elite hispanista y USA tiene hacia el puertorriqueño menos hispanista o afrocaribeño se invirtió en el sentido que ahora es ese puertorriqueño de la calle (hispanista o no), junto al gobierno estadounidense, quienes desconfían de la clase política.
Otra vía de legitimación es mediante la atracción de fondos federales a PR. Como la política económica excluye a la mayoría de la población del empleo y los ingresos productivos (salarios y dividendos), es indispensable mantener materialmente a esos sectores marginados de la producción de bienes y servicios. Sin esos fondos de transferencias es poco probable que la identidad colonial de ELA se mantenga, se reproduzcan las bases electorales de los partidos mayoritario (y la clase política colonial) y, en general, se sostenga la requerida estabilidad social necesaria para el proceso expedito de acumulación de capital. Este esquema de “estabilidad” en la acumulación del capital estadounidense lo describió el economista Richard Weisskoff (1985: 59) en un viejo estudio de hace 34 años cuando mencionaba:
“En resumen, el pueblo trabajador estadounidense se encarga de la seguridad económica del pueblo puertorriqueño, mientras que las corporaciones de USA trasladan las ganancias a través de sus plantas de Puerto Rico y las devuelven a USA libres de impuestos. La familia puertorriqueña entonces compra sus necesidades de consumo, que consisten en la mayor parte de bienes importados, devolviendo el dinero de sus subvenciones públicas [federales] a través del sector privado estadounidense. A medida que su propia economía se descompone, Puerto Rico se convierte en la puerta giratoria para que los fondos [de transferencias federales], que fluyen del pueblo trabajador estadounidense, regresen a las corporaciones o matrices multinacionales estadounidenses provenientes de sus compañías subsidiarias en PR para no pagar impuestos. Puerto Rico se ha convertido en un lavadero geográfico para que las ganancias corporativas eviten los impuestos federales. Mientras tanto, estas corporaciones emplean sólo una mínima cantidad de mano de obra puertorriqueña. El resto de la población de la isla vive [“]pacíficamente[“] del bienestar federal o no tan pacíficamente en los ghettos de las ciudades industriales de USA.” (Traducido ETH)
Los actuales reclamos de la prensa y la clase política y empresarial local por la estabilidad en PR luego de la renuncia del Dr. Rosselló, significan un regreso a este estado de cosas. Es decir, al estado de cosas de una subjetividad política que busca la administración de su pobreza y la salvación estadounidense vía el capital, los fondos y el marco colonial estadounidense (Ley PROMESA, por ejemplo). Empero, las protestas contra el gobierno de Dr. Rosselló, aunque no salieron del esquema donde el puertorriqueño es el último responsable de sus desdichas, por lo que eximen al colonialismo estadounidense y su política económica sobre su territorio, generan cierta incertidumbre para que el capital financiero estadounidense continúe copando los activos de la economía local. Si las protestas ciudadanas continúan enfocándose en los factores puertorriqueños, por ejemplo se dirigen ahora exclusivamente contra la nueva Gobernador Wanda Vázquez, se fortalecerá la presencia del gobierno de USA y los intereses del capital financiero estadounidense, aunque el costo para la clase política sea increíblemente mayor.
En resumidas, el gobierno del ELA está estructurado bajo un esquema donde tiene que representar tres “intereses” constitutivos, a saber: 1) unas “necesidades del puertorriqueño” (que cuestionaremos en la próxima parte), 2) los dictados del gobierno de USA y 3) los intereses de acumulación del capital estadounidense. Con la aprobación de la Ley PROMESA (que disminuyó la influencia de la clase política en el gobierno local) y las actuales protestas contra el Dr. Rosselló (que revelan la falta de sintonía de la clase política -que es solo un segmento de la elite hispanista- con las necesidades de las clases medias) está aconteciendo una ruptura de este esquema simbólico-institucional de ELA. Es decir, y mal-utilizando la terminología marxista, hay ruptura tanto a nivel de la superestructura como de la “infraestructura” del territorio/colonia estadounidense.
Este primer dilema que afronta la protesta social contra el gobierno local nos lleva a pensar aún más fino el cambio social decolonizador en PR. Y menciono descolonizador porque no se puede entender las injusticias acumuladas, expresadas en contra el exgobernador Ricardo Rosselló, sin la relación colonial que tiene USA con PR. Es decir, el proceso de desindustrialización, financiarización/endeudamiento/corrupción y pérdida creciente de autonomía local no son fenómenos de origen puertorriqueño, sino provenientes de USA. Las recientes protestas solamente respondieron al lado “puertorriqueño” del esquema institucional del gobierno del ELA. Es decir, fueron contra un gobernador electo que no respondió a las expectativas (clasemedieras) de la población isleña. No hubo un reto contra el colonialismo estadounidense en PR ni contra los intereses financieros que empobrecen las condiciones de vida de la población. Por ello, las protestas nunca representaron una amenaza al régimen político y económico colonial; por lo que la revelación del chat puede ser fácilmente un diseño de la Casa Blanca. Washington sabe jugar sus cartas en el entramado de intereses e identidades que crea dentro de PR.
Por tanto, mientras lxs puertorriqueñxs continúen las protestas contra el “lado puertorriqueño” del gobierno del ELA se legitimará la culpabilidad exclusiva y únicamente hacia él mismo, fortaleciéndose el esquema colonial que operaba desde el 1901 cuando se reducía significativamente la participación de la clase política isleña. A pesar de la importante ruptura con el esquema colonial del ELA, hasta que no se constituya un nuevo sujeto político que trasciende las delimitadas por las instituciones de ELA, estaremos entrapados en un esquema que dirige las culpas únicamente hacia lo puertorriqueño/boricua.
Parte IV
¹ Luis Muñoz Marín (1980: 90-91), el fundador del ELA y 1er gobernador electo de PR por 16 años consecutivos, decía sobre el puertorriqueño, y los dilemas que afrontaba la política educativa de su gobierno en 1953, que:
“[El Pueblo de Puerto Rico] produce ahora, como lo hizo en el pasado, grandes yerros de conocimiento: supersticiones de la magia, falas nociones de las propiedades de la luz, de astros, de sol, de fuego, de agua, de las plantas, de las maneras de propiciar la tierra. Pero produce también hondo buen saber de relación humana, de espíritu de justicia, de serenidad de alma, de honestidad de conciencia, de verdadero sentido religioso; como, por ejemplo, en los campos de Puerto Rico. […] ¿Cómo educar sobre lo primero sin deseducar en lo segundo? […] ¿Cómo urbanizar las virtudes de la ruralía [sic] para que venga a enriquecer las que de arte y ciencia y sociabilidad tienen las ciudades? ¿Cómo evitar que, en vez, perezcan a mano de las otras peripecias urbanas de vicio, de cinismo, de profesionalización del crimen, de la romantización [sic] del mal en gangas, de la corruptela y la tirada?"
² Citaré cuatro personajes relacionados todos a los eventos que convirtieron a PR en territorio estadounidense (o colonia legal) entre 1898 a 1901. El 1ro un gobernador militar en PR, el 2do un congresista sureño (Trump es heredero de esta línea de pensamiento), el 3ro un académico prestigioso y el 4to parte de la decisión del Tribunal Supremo que crea la figura legal de “territorio no-incorporado”. Cada uno menciona:
“the inhabitants, all of foreign races and tongue, largely illiterate and without experience in conducting a government in accordance with Anglo-Saxon practices, […] were not deemed to be […] qualified […] to fully appreciate the responsibilities […] of complete self government.” Gobernador de Porto Rico, General George W Davis en 1899. (Citado en Cabán, 1999: 66)
“I am opposed to increasing the opportunities for the millions of Negroes in Porto Rico and the Philippines […] coming in competition with our famer and mechanics and laborers. We are trying to keep out Chinese with one hand, and now you are proposing to make Territories of United States out of Porto Rico and the Philippines […].” Congresista George Gilbert en 1900 durante la aprobación de la Ley Foraker -Citado en Cabán, 1999: 88-)
“these ten amendments [the bill right] as a whole are so peculiarly and so exclusively English that an immediate and compulsory application of them to ancient and thickly settled Spanish colonies would furnish as striking a proof of our unfitness to govern dependencies, or to deal with alien races.” (Prof. Christopher Columbus Langdell durante los debates jurídicos-académicos previos a la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley Foraker en 1901 -Citado en Torruella, 2007: 294-)
“[new] possession may also be acquired as not to form part of United States, and in that case constitutional limitations, such as those requiring uniformity of taxation and trial by jury do not apply. […] These rules stand upon a different footing from the rights guaranteed to the citizens, many of which are inapplicable except among a people whose social and political evolution has been consonant with ours.” (Caso Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901) del Tribunal Supremo de USA -Citado en Lopéz-Baralt, 1998: 257-258-).
³ La primera mención legal de “Pueblo de Puerto Rico” por parte del gobierno federal fue a través de la sección 7 de la Ley Foraker (1900) la cual menciona:
“That all inhabitants continuing to reside therein who were Spanish subjects on the eleventh day of April, eighteen hundred and ninety-nine, and then resided in Porto Rico, and their children born subsequent thereto, shall be deemed and held to be citizens of Porto Rico, and as such entitled to the protection of the United States, […]; and they, together with such citizens of the United States as may reside in Porto Rico, shall constitute a body politic under the name of The People of Porto Rico, with governmental powers as hereinafter conferred, and with power to sue and be sued as such.” (Negrillas Mías)
Observase que en esta definición de “the People of Porto Rico” que no hay mención de “Puerto Rican”. Únicamente se menciona el ciudadano de España y el de USA, junto a los hijos del primer ciudadano (ahí están lxs puertorriqueñxs como derivados de lo español). En esta definición las únicas naciones existentes y que pueden reclamar derechos a sus ciudadanos son España y USA. Hay derechos individuales en el reconocimiento colectivo/soberanía de tales naciones y PR no es uno de ella. En esta definición de PR es indistinguible el ciudadano español, estadounidense y sus hijos que residan en el territorio. Son todos “the People of Porto Rico” indistintamente por el hecho de vivir en el territorio. Véase que hay un reconocimiento de “individuos”, pero no cualquier individuo, sino individuos de naciones occidentales, España y USA, y un desconocimiento total de un pueblo. Es decir, en tal definición no hay reconocimiento de pueblo-gente-nación, sino de pueblo-territorio-individuos y es esa última definición que, para efectos de USA, es lo que representa el “Pueblo de Puerto Rico”.
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